Sergio Salomón Céspedes Peregrina
Gobernador del estado de Puebla
Gilberto Higuera Bernal
Fiscal General del estado de Puebla
Blanca Yassahara Cruz Garcia
Consejera Presidenta del IEE
PRESENTE
Desde la Red Puebla de Periodistas hemos documentado al menos 13 agresiones relacionadas con el proceso electoral 2023-2024, sin embargo, suman 21 hechos violentos contra periodistas y medios en lo que va de 2024, incluyendo el asesinato del conductor de radio Marin Olivier Rodriguez en Ajalpan y la criminalización de Juan Carlos Cacho, quien recibió un citatorio por el supuesto delito de acoso sexual contra una funcionaria pública.
Una de las cuestiones preocupantes es la constante intimidación en redes sociales y en ruedas de prensa de la virtual presidenta municipal de Quecholac Guadalupe Martinez y su padre Antonio Martínez, quienes han señalado que demandarán a periodistas e iniciarán procedimientos por violencia política de género. Situación que tememos se agrave cuando Martínez ocupe el cargo.
Las principales agresiones fueron bloqueo informativo e intimidación, con cuatro casos respectivamente, luego robo de identidad, robo de equipo de trabajo y amenazas, con dos casos cada una; posteriormente despido injustificado con un caso.
Los municipios con más incidencia son los siguientes:
Puebla casos 7
Amozoc, 2
San Pedro Cholula, 2
Izúcar de Matamoros, 1
Quecholac, 1
En total fueron agredidos nueve periodistas hombres, tres mujeres y tres medios de comunicación, además de tres agresiones generales contra el gremio.
En cuanto a los posibles agresores, el análisis de la Red Puebla de Periodistas encontró que en cuatro casos se trató de personas desconocidas; en dos casos candidatas y su equipo o personas cercanas; en otros dos casos fueron equipos de comunicación social; en otras dos situaciones fue funcionariado electoral; en dos ocasiones más se trató de militantes o representantes de partidos; una por particulares y una por fuerzas de seguridad.
Ante esta situación pedimos no sólo que las autoridades estatales investiguen y sancionen cada una de las agresiones, sino también que haya un compromiso de las actuales administraciones y de las entrantes, tanto a nivel estatal como municipal, para respetar y garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
De igual forma, pedimos a las autoridades electorales general un protocolo y respectivas capacitaciones para que el funcionariado público involucrado en los procesos electorales conozca y respete los derechos a la libertad de expresión e información.